2. Dogmática policíaca
2.1. De la administración de justicia y seguridad pública
2.2. Competencias, atribuciones y clasi?caciones de las policías
2.3. Facultades de la policía conforme al artículo 21 constitucional
2.4. Funciones que en teoría y práctica deberán de tener los policías
2.5. Policía preventiva Bibliografía

Estudio preliminar

Con esta investigación ofrezco a los lectores un análisis jurídico, sociológico y político de las policías en México. Me he basado en las competencias, concurrencias y atribuciones de estos cuerpos de seguridad (sumamente importantes para fortalecer la tranquilidad pública). Hago referencia a las fuentes de información.

En los capítulos del trabajo examino distintas fuentes. La metodología va dirigida a sistematizar la consulta de las obras para alcanzar los objetivos de la presente investigación.

He procurado fortalecer el aspecto legislativo mediante un estudio jurídico, teórico, histórico, legislativo, criminógeno y con propuestas, de la creación de diferentes cuerpos policíacos que a lo largo del proceso histórico de México, fueron importantes para fortalecer lo que en el Siglo XIX se llamó tranquilidad pública y que en la actualidad no es otra cosa sino la seguridad pública, convertida en una preocupación de todos los ciudadanos.

Hacia la parte ?nal del trabajo propongo, como resultado de una ponderada re?exión sobre las funciones policíacas, una norma jurídica, con capacidad legal, que regule a las policías de todo el país.

Podemos entender a la seguridad pública, desde la perspectiva jurídica, como: a) Inseguridad objetiva, que es el riesgo real de ser víctima de un delito; b) Inseguridad subjetiva, que es la percepción o sensación personal de la posibilidad de ser víctima de un delito.

La segunda puede estar vinculada en realidad a situaciones de menor seguridad objetiva o existir independientemente de ésta. En el ámbito de la seguridad pública objetiva, sin embargo, el riesgo real de ser víctima de un delito puede ser consecuencia de fallas de la política criminal proporcionada por el Estado garante.

Hoy día, el propio sistema político reconoce su fracaso en la provisión de seguridad tanto objetiva, como subjetiva; fracaso re?ejado en el aumento de la delincuencia, registrada en las procuradurías federales y estatales, así como en la manifestación del miedo y sentimiento de inseguridad que tiene la población.

México está viviendo una verdadera transformación cuantitativa y cualitativa en lo que se re?ere a la propia desviación de la criminalidad, en cuya base está la dinámica del nuevo modelo económico y la obsolescencia de los mecanismos de disciplina social formal e informal.

El periódico “Reforma” dice: En el primer semestre de 1994, se registraron 76,690 delitos en el Distrito Federal, en el segundo semestre tras un aumento del 20%, la delincuencia conocida llegó a los 88,558 delitos. La tendencia continúa a lo largo de seis meses; de enero a julio de 1995 se registraron 6,836 delitos, lo que representa un incremento del 37%.

Si comparamos con otras metrópolis, advertiremos que en Río de Janeiro se resolvieron 618 casos por cada cien de los nuestros, en Nueva York 713, en Madrid 900 y en Londres 1,216. El índice medio de las seis décadas que van de 1930 a 1990, es precisamente del 90.71%, o sea que la regla fue que se resolvieran 93 delitos de cada mil. En proporción al número de habitantes, la ciudad de México tiene más policías que ninguna otra ciudad. La correlación de cantidad de agentes policíacos– delincuencia conocida es también abrumadoramente desmedida: nuestra capital tiene 334 policías por cada mil delitos conocidos, mientras que las ciudades que nos sirven como punto de comparación tienen un promedio de 51 policías por cada millar de delitos.

Para atrapar a cien delincuentes a lo largo de un año, son necesarios 14 policías en Washington, París requiere 15, Londres 18, Roma 21, Río de Janeiro destina 30, Sao Paulo 31 y Madrid 35.

En la ciudad de México, para aprehender a cien delincuentes es necesario el trabajo anual de 1,295 policías, mientras que en Nueva York únicamente se emplean 14 policías (Ruiz Harrel, 1996: 3).

La preocupación social que mayor angustia genera en la colectividad tiene por núcleo el delito; éste representa la problemática cuyas manifestaciones son más próximas a ser experimentadas por los ciudadanos, circunstancia que ha provocado que la discusión sobre la seguridad pública se reduzca ingenuamente alos términos de un con?icto entre policías y ladrones. Esta falsa representación entre la ciudadanía se ha logrado a partir de la conjugación de cuatro factores: (1) incremento delictivo, (2) intervención de los medios masivos de comunicación, (3) reacción ciudadana y (4) reacción institucional (García Juárez, 1999: 89).

De 1994 a 1996, se presentaron ante la Agencia del Ministerio Público los siguientes totales de denuncias: 22 065 por lesiones dolosas, 66 698 por robo violento y 57 132 por robo de auto. De igual modo, en 1998, los delitos de robo a transeúntes, en casa-habitación, negocios, así como despojos, violación, homicidios dolosos, provocaron 42,058 denuncias en total.

El Plan Nacional de Seguridad Pública, expuesto en el Programa de Seguridad Pública año 2000, concibe a ésta integralmente y la hace comprender: la prevención, la persecución a través del Ministerio Público, la sanción de infracciones y delitos a través de la administración de justicia y la readaptación social. Debe en primer término profesionalizar a los cuerpos de seguridad pública en el país dotándolos de mejores instrumentos de información y equipos; capacitar a los miembros de las instituciones policiales y obligar a que su actuación se rija por principios éticos de legalidad, honradez y e?cacia en el ejercicio de sus obligaciones para con la sociedad.

Entre sus objetivos tiene: la investigación de los delitos cometidos, la persecución de los delincuentes ante los tribunales y la imposición de las penas correspondientes; la representación de la sociedad y de los grupos vulnerables en asuntos no sólo penales, sino también civiles y familiares; la atención a las víctimas u ofendidos por los delitos, la obtención de indemnizaciones por los daños y perjuicios causados; la realización de estudios en materia de política criminal y las medidas de prevención del delito. Todo ello con miras a preservar la seguridad pública (García Juárez, 1999: 91).

El Derecho y los otros sistemas sociales son estructuras selectivas hacia adentro. Afuera de ellas no hay alternativa. Las diferencias o polarizaciones que presentan sólo se dan dentro del sistema, el cuál obedece a sus propias reglas de construcción discursiva; por tanto, la conformidad de actuar expresa la sintonía de lo diverso en el espacio de lo posible. En consecuencia, describe el umbral de igualdad, los límites de eso que está determinado por la estructura (De Giorge, 1997: 5).

Ante la ine?cacia del subsistema de control (política criminal) para vigilar y reprimir, la nula incidencia que el discurso de las legislaciones de seguridad pública y administración de justicia tiene en los contextos macro y micro social más el aumento real de la criminalidad desde el colapso económico neoliberal en México, el sistema general del poder ha reaccionado, por las vías de hecho, con los llamados operativossorpresa y por las vías de derecho, con normas policíacas; ha roto así la estructura del estado democrático para consolidar un derecho penal más justo y correctivo.

De esta manera y dada la falta de con?anza en la actividad individual de los agentes vigilantes y represores (policías), el poder ahora lo detentan pequeñas células de vigilancia e intervención de comunicaciones o de asalto directo, guiadas por jefes relacionados con las cúpulas, para invadir las zonas rurales, los ejidos, las comunidades, así como los barrios y las calles de los sectores vulnerables de las ciudades, donde presuntamente habitan u operan los sospechosos de signi?car peligro para la sociedad.

Como diría Zaffaronni, lo importante es reprimir a unos cuantos que tengan cara estigmatizada; o aquellos que, sin ser parte de la elite dominante, sean muy exitosos en sus negocios. Esto es una manifestación más de la violencia social.

Esa violencia es de todas formas violencia, porque no deja alternativa para actuar. Referirse a valores es un inútil apoyo externo en cuanto a su legitimación: está inscrita en la autolegitimación de la selectividad de los sistemas sociales. Cabe aquí decir que la selectividad es discriminación y exclusión, en cuanto a la seguridad que proporciona el Estado con base en las leyes y policías previsoras (Sánchez Sandoval, 1998: 146).
Como ejemplo podemos citar los delitos de secuestro que en la actualidad se autolegitiman por las utilidades que reditúa el cobro de la libertad del secuestrado.

Las tendencias de aumento en las cifras de delitos registrados o denunciados ante las procuradurías de la República Mexicana son meros indicadores del problema. Debemos ser claros: desconocemos la cifra obscura de los delitos porque éstos en muchas ocasiones no son denunciados.

Baste decir que en 1998 fueron del conocimiento de la Procuraduría capitalina 218,599 delitos y se consignaron a los Tribunales Penales 5,479 presuntos responsables, o sea 2.5% del total de los delitos conocidos. Es decir que en 213,120 casos (97.5% del total denunciado), las autoridades no fueron capaces de identi?car al autor del delito y reunir pruebas su?cientes en su contra o  aprehenderlo o presentarlo ante el juez (Ruiz Harrel, 1998: 3).

En consecuencia, dentro de mi planteamiento hipotético, los policías judiciales, preventivos, sean estatales, municipales o federales, son las primeras autoridades a las que el ciudadano se enfrenta, entendiendo a la autoridad como la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado (vgr. LDA, 1993: 10); por tanto, los policías preventivos enmarcados en el artículo 115 constitucional Fracción III, Inciso h), dependen directamente de los municipios; tienen facultades sólo en función de prevenir los delitos, de modo que el municipio representa un factor determinante en la sociedad, puesto que es parte inherente de la comunidad vecinal. De igual forma, la función a desempeñara por policía municipal es importante para combatir la criminalidad en nuestro Estado y nuestra Nación.

De igual modo, el art. 21 constitucional faculta al Ministerio Público para investigar los delitos, consignar a los presuntos delincuentesy le da el mando de la policía judicial. El art. 102 hace incumbencia del Ministerio Público de la Federación, perseguir ante los tribunales todos los delitos del orden federal; razón por la que a él corresponderá solicitar las órdenes de aprehensión contra los inculpados, buscar y presentar las pruebas que acrediten la responsabilidad de éstos, hacer que los juicios se sigan con toda regularidad para que la administración de justicia sea pronta y expedita, pedir la aplicación de las penas e intervenir en todos los negocios que la ley le determine.

1. Antecedentes históricos

Sobra decir que los pueblos primitivos no contaban con una organización tan intensa y compleja como la observada en la vida activa de los países adelantados de nuestros días; por ello resulta muy aventurado pretender el hallazgo de la función de policía en sus tiempos.

El surgimiento del desmán y la ambición desenfrenadas del más fuerte, hizo necesario combatir a éste para asegurar la convivencia pací?ca.

El hombre, al evolucionar socialmente y obedecer las tradiciones salvaguardadas por los “jefes” o “guías”, sintió respaldado el aseguramiento de su subsistencia por las medidas adoptadas para conservar y asegurar los medios que facilitaran un ambiente de tranquilidad, aunque relativo, a ?n de prevenirse contra los atentados de enemigos o extraños al grupo comunal.

A medida que fueron apareciendo nuevas formas de vida y organización social, los medios y recursos para la seguridad se sucedieron proporcional y adecuadamente a las necesidades, aunque con los matices que implicaba la forma de gobierno adoptada.

1.1. Connotación semántica de la palabra “policía”

“Policía” proviene del latín politia: organización política, administración, que a su vez proviene del griego politeia: perteneciente al gobierno de la ciudad. Aun cuando por la voz “policía” pueden también entenderse los lineamientos de la actividad política administrativa de acuerdo con su acepción original, en el ordenamiento mexicano su sentido propio corresponde a la de los cuerpos de seguridad pública encargados de la prevención e investigación de los delitos y faltas que actúan en auxilio del Ministerio Público (MP) y de los Tribunales Judiciales (DJM, 1989: 2453-2454). “Policía” es un término que, en el uso común, por lo menos desde 1737, ha sido empleado para designar “el buen orden que se observa y guarda en las ciudades y repúblicas, cumpliendo las leyes u ordenanzas, establecidas para su mejor gobierno.” Su signi?cado más general ha sido, en consecuencia, el apego de los individuos a las leyes en una exigencia por el respeto al orden jurídico, lo cual no sólo conlleva orden en la sociedad, sino también complementa los ideales de moralidad, cortesía, buena crianza y buenas costumbres entre los gobernados.

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