| De todos los que formamos parte de este Colegio de Notarios del Estado de Jalisco, es sabido que con fecha 27 de junio del año anterior, en las instalaciones de nuestra casa Notarial, fue presentada ante distinguidos invitados, la Revista Notarial en su nueva época, bajo la denominación de “Podium Notarial” por su Director, el Sr. Notario Lic. Eleuterio Valencia Carranza, compañero de profesión y querido amigo. |
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Quiero compartir algunas inquietudes teóricas, que ocasionalmente he expresado a propósito de la EQUIDAD, aprovechando que al decir del primer editorial de la Revista “Podium Notarial”, ésta, “...quedará desde luego a disposición de todos cuantos damos vida y sentido a nuestro Colegio, para aportar nuestros conocimientos y experiencias, a través de colaboraciones escritas, desarrollando así temas inherentes al ejercicio de la función Notarial, en la inteligencia que habrá plenitud de libertad para expresarse y, en todo caso, sólo se apelará al elevado sentido de responsabilidad que reclama el ejercicio de nuestra profesión...”
Considero que es un reto el escribir mis ideas y no dejarlas sólo en comentarios aislados y haciendo mío el pensamiento expuesto en el propio artículo editorial al que he hecho alusión, que dice: “... El Consejo de Notarios a través de la Revista Podium, formula sus mejores votos para que, en la crítica a los trabajos publicados y a la persona de sus autores, que han tenido la valentía de suscribirlos, impere la indulgencia y no la intolerancia...”
Así entonces, apelando a su indulgencia, abordaré lo que aquí expreso, porque me parece de singular importancia, que el Congreso del Estado ha denominado a este año, como “El año de la Equidad”, hecho al que poca publicidad se le ha dado y por ello quizá ha pasado inadvertido para la mayoría de nosotros.
Siendo el Poder Legislativo a quien corresponde entre otras, la atribución de discutir y aprobar las leyes que luego habrán de cumplirse obligatoria y coercitivamente, es trascendente que los guíe este año en su labor el concepto de la Equidad, porque las garantías individuales de los gobernados consagradas en los primeros 29 artículos de la Constitución General de la República, tienen como pilares fundamentales además de la Equidad, los principios de Legalidad, Igualdad y Justicia.
Por la importancia que tiene este acontecimiento, acudí entre otras fuentes, al Diccionario de Derecho de Pina Vara, de la Editorial Porrúa, para recordar qué dicen los diversos pensadores y doctrinistas respecto de la Equidad, brevemente relataré qué dicen, desde Aristóteles en su Ética a Nicómano, pasando por Roque Barcia, hasta los autores del diccionario, que señalan que “Equidad, es un atributo de la justicia, que cumple una función de corregir y enmendar el derecho escrito, restringiendo unas veces la generalidad de la ley y otras extendiéndola para suplir sus deficiencias, con el objeto de atenuar el rigor de la misma”.
En la concepción romana de la equidad, ésta se presentaba como opuesta al derecho. En la actualidad, la equidad, es considerada como un elemento del derecho positivo y como criterio de interpretación y aplicación de la ley, no como principio extraño y en conflicto con el derecho.
La equidad es para muchos la expresión de la idea de la justicia no encerrada dentro de los límites del derecho positivo, sino en su esfera y acepción más alta...
Aristóteles en su Ética a Nicómano, resalta la función correctiva de la ley en cuanto que por su generalidad precisa la adaptación al caso singular de que se trate. En este sentido suele afirmarse que la equidad es la justicia del caso concreto. Por su parte, Decio veía en la equidad un modo de interpretación de la leyes y estatutos, así como en los pactos.
La equidad para Geny en el siglo XIX, es una “rama desprendida del árbol de la justicia”. Castán ha definido la equidad, diciendo que es “el criterio de determinación y valoración del derecho que busca la adecuación de las normas y de las decisiones judiciales a los imperativos de la ley natural y de la justicia, en forma tal que permita dar a los casos concretos de la vida un sentido flexible y humano (no rígido y formalista).”
Ruggiero y Maroi definen a la equidad, como aquel criterio que forza al juez a tomar en consideración las circunstancias contempladas por la norma (que por necesidad lógica, debiendo ser universal y fija, no puede prever todas las particulares circunstancias que concurrirán en cada caso concreto), y adaptar a ellas su decisión en la aplicación del precepto, de tal modo que sea restaurado aquel Supremo Principio de Igualdad en el que la propia norma se inspira.
Roque Barcia, definió la Equidad como el único modo racional y humano de administrar justicia. En opinión de Ulpiano, el juez debe tener siempre la Equidad ante sus ojos. En suma, tradicionalmente la Equidad ha sido calificada como “la compañera inseparable de la justicia...”, lo que resulta obvio al ser un atributo de ésta.
Por eso, cada vez que emitimos un sufragio para elegir a quienes han de representarnos en el Congreso, renovamos la esperanza de que harán suyos los principios de dar a cada quien lo suyo; que pugnarán porque se de un trato igual a los iguales y desigual a los desiguales y que buscarán a través de la aprobación de normas legales, hacer posible la convivencia racional y armónica de un determinado conglomerado social, con la aprobación de leyes justas y equitativas.
Hago votos porque nuestros Diputados, integrantes de la actual y posterior Legislatura, aprueben ordenamientos que den a cada quien lo suyo y propicien la convivencia racional y armónica de la sociedad que representan, y que este “Año de la Equidad”, se traduzca en el “Siglo de la Equidad”, para que los jueces, en ejercicio del atributo de la aplicación de los Principios de Equidad, estén más preocupados por la aplicación de la justicia y la equidad, que por la interpretación letrista y literal de las normas.
La historia de nuestro país está llena de hechos dolorosos por la aplicación de leyes injustas e inequitativas, a manera de ejemplo, hago referencia a la Ley Electoral de Poderes Federales, que solo confería a los varones el derecho del voto y no obstante que también la mujer tenía el carácter de ciudadano de conformidad con el artículo 34 de la Constitución Política, esta ley, les daba un trato desigual e injusto al impedir a las mujeres el ejercicio del voto.
No es el propósito de este trabajo, analizar esta superada y absurda ley, ni tampoco es un espíritu feminista el que me hace comentarla; tampoco pretendo analizar las razones por las cuáles en el año de 1953, se otorgó a la mujer este derecho y si ello respondió al reconocimiento de la injusticia y desigualdad de que era objeto o si en su momento, fue conveniente otorgarle el voto por motivos políticos.
Hago referencia a este tipo de leyes injustas, porque aún cuando se había reconocido a la mujer su ciudadanía, generalmente se le había marginado y limitado en algunos aspectos de la vida social, pública y profesional y tuvo que ser la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver un Juicio de Amparo, la que declarara que la mujer, también podía desempeñar la función Notarial, como puede verse en la Tesis que bajo la voz “Mujeres, pueden ser Notarios”, se publica en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo XCI, Página 1967, que a la letra dice: “Mujeres, pueden ser notarios”.
Aún cuando la Ley Electoral de Poderes Federales restringe el derecho de ser elector y lo confiere tan sólo a los varones, ésta ley no deroga al artículo 34 de la Constitución Política, que señala los requisitos para ser ciudadanos, entre los que no se encuentra el de pertenecer a determinado sexo; y el espíritu del artículo 24 de la Ley del Notariado, no puede ser el de excluir a las mujeres del derecho de ejercer la profesión notarial, sino el de exigir que el aspirante no haya sido suspendido o privado de los derechos de ciudadanía, atento el requisito de honestidad plena y buena conducta. Además, la Constitución Federal sólo exige para la ciudadanía, los requisitos de ser mexicano por nacimiento, haber cumplido 18 o 20 años, según se trate de casados o solteros y tener modo honesto de vivir, por tanto, no hay razón alguna para negar a una mujer que cumple con los requisitos legales, el ejercer la profesión de Notario.
TOMO XCI, Pág. 1967.- Saucedo Avila Lucina.- 7 de marzo de 1947.Cinco votos.
Con este antecedente, se abre a la mujer la posibilidad de desempeñar uno de los más nobles y respetables oficios: el de Notario Público, el de ser investida por delegación del Estado a través del Titular del Poder Ejecutivo de la capacidad de Dar Fe..., ampliando con ello, los campos para su desarrollo profesional, compartiendo con sus colegas masculinos el ejercicio de esta actividad, que era hasta antes de esa resolución, ámbito exclusivo de ellos y no de ellas, porque los gobernantes habían sostenido criterios discriminatorios como la absurda postura del confesor de la Musa de México, Sor Juana Inés de la Cruz, quien la instó -al conocer de sus estudios en la ciencias exactas- a no interferir en actividades que solo correspondían a los “Santos Varones”.
La evolución de las normas jurídicas y el cumplimiento de los anhelos de los constituyentes acerca de la igualdad de género y de posibilidades, es indudablemente un logro de la Equidad frente a la injusticia que imperaba en otras épocas.
La equidad, como principio general del derecho, forma parte del derecho positivo mexicano, por precepto expreso de la Constitución Política, debe prevalecer inclusive por encima de norma injusta e inequitativa, por ello, la relevancia del Poder Judicial Federal, cuando atendiendo al principio de Equidad, declara la inconstitucionalidad de una norma o ampara a un particular contra un acto injusto de la autoridad.
Como diría el Presidente Fox en el balcón del Palacio Nacional, la noche del 15 de Septiembre anterior: ¡Viva la Equidad!
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